En el ámbito laboral, los litigios por accidentes de trabajo pueden generar disputas complejas sobre la responsabilidad de las empresas y las indemnizaciones reclamadas por los trabajadores. En este contexto, la labor de los detectives privados puede resultar clave en la obtención de pruebas que ayuden a determinar la veracidad de los hechos alegados por ambas partes.
Hoy queremos compartir el caso de un cliente que nos hizo llegar la sentencia que ponía fin a un proceso judicial que arrastraba desde 2018. Se trata de una resolución favorable a la empresa, en la que nuestro informe como detectives privados fue tenido en cuenta por la jueza y resultó determinante para la absolución.
Antecedentes del caso
El trabajador demandó a la empresa (nuestro cliente) tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba una instalación. Concretamente, una caída mientras bajaba de una escalera cuando colocaba una puerta de garaje. Esto le provocó una fractura en la pierna, que derivó posteriormente en una incapacidad permanente total. A raíz del accidente, inició una reclamación por daños y perjuicios, alegando que la empresa no había cumplido las medidas de seguridad laboral.
La empresa, por su parte, defendía que el accidente había sido fortuito, que el trabajador disponía de los equipos de protección necesarios y que contaba con la formación adecuada para el desarrollo de su trabajo.
Tras varias reclamaciones y procedimientos anteriores, en los que el trabajador había obtenido resoluciones favorables, en 2020 presentó una nueva demanda. Fue en ese momento cuando nuestro cliente, cansado de la situación, contactó con nosotros para iniciar una investigación de verificación de secuelas.
Nuestra intervención como detectives privados
Uno de los aspectos clave del juicio fue determinar en qué medida las secuelas del accidente limitaban realmente al trabajador. Para ello, la empresa presentó nuestro informe, que documentaba las actividades cotidianas del demandante durante varios días, en dos periodos diferentes.
Nuestra labor consistió en verificar la veracidad de sus alegaciones y evaluar el impacto real del accidente en su día a día.
Durante la vigilancia, observamos que el trabajador realizaba actividades que contradecían sus afirmaciones sobre las limitaciones físicas que supuestamente padecía: se le vio conduciendo, haciendo bricolaje, subiendo y bajando escaleras sin apoyo, e incluso agachándose y levantándose con normalidad, sin mostrar signos de dolor ni dificultad.
En ocasiones, utilizaba un bastón o una muleta al caminar por la vía pública, pero dentro de su domicilio, concretamente en el jardín, se le observó realizando tareas sin ningún tipo de apoyo. Algunas de estas imágenes fueron captadas desde el exterior, dejando constancia de comportamientos que no se correspondían con su versión de los hechos.
Toda esta información se recogió en un informe detallado, acompañado de material audiovisual, que evidenciaba que el demandante conservaba una movilidad muy superior a la que sostenía en su reclamación.
La decisión judicial
Tras valorar todas las pruebas presentadas, el tribunal concluyó que no existía responsabilidad de la empresa en el accidente, ya que este se produjo por un mal gesto del trabajador, y no por negligencia del empleador en materia de seguridad.
Además, gracias a nuestro informe, la jueza determinó que el impacto del accidente en la vida del trabajador no era tan grave como se había alegado, lo que desmontó la pretensión de una indemnización desproporcionada.
En consecuencia, la demanda fue desestimada y la empresa quedó absuelta de cualquier obligación económica relacionada con el caso.
Conclusión
Este caso demuestra la importancia de contar con pruebas objetivas en los litigios laborales. La intervención de un detective privado puede ser determinante para esclarecer la realidad de los hechos y presentar una defensa sólida frente a reclamaciones que no se ajustan a la verdad.
Para muchas empresas, este tipo de investigaciones puede marcar la diferencia en un procedimiento judicial, ayudando a evitar indemnizaciones injustificadas y a proteger su reputación y su viabilidad económica.
En definitiva, la objetividad, el rigor y la legalidad en la obtención de pruebas son fundamentales para garantizar la justicia en el ámbito laboral.
